Si el gobierno no logra aplicar el recorte de gastos exigido por las cuentas públicas, la alternativa histórica para evitar declarar la moratoria es dejar subir la inflación para desvalorizar la deuda real. Esta tesis fue debatida por analistas del portal Seu Dinheiro en el programa Touros e Ursos, quienes advirtieron sobre la brutal pérdida de poder adquisitivo que sufren quienes poseen títulos nominales.
¿Cuál es el plan B para la deuda pública si el ajuste fiscal no se concreta?
La respuesta directa señalada por el análisis de Seu Dinheiro es la licuación inflacionaria de la deuda. Cuando un Estado emisor de moneda propia alcanza un endeudamiento elevado y carece de capital político para frenar los gastos obligatorios o subir los impuestos, recurre a una mayor inflación para lograr que el producto interno bruto (PIB) nominal crezca más rápido que el saldo deudor a tasa fija, reduciendo así de forma artificial la proporción entre pasivos y economía.
Este mecanismo no depende de una declaración formal de impago. Se trata de un impuesto invisible: el gobierno cumple con cada centavo emitido en la fecha pactada, pero el poder de compra de ese dinero al momento del rescate es una fracción del que tenía cuando se firmó el contrato. En la práctica, la factura del desajuste presupuestario se traslada desde las arcas públicas directamente al ahorrista.
Este debate cobra fuerza en un momento en que la trayectoria fiscal se encuentra bajo la estrecha lupa de las agencias de calificación y del mercado. Tal como advirtió recientemente Fitch sobre la deuda pública, la falta de claridad en la estabilización del gasto presiona al alza las tasas de interés de largo plazo y reduce el margen de maniobra del Tesoro.
¿Cómo alivia la inflación las cuentas del gobierno en la práctica?
Este alivio temporal se produce a través de un desfase contable. La recaudación de impuestos sobre el consumo y la producción reacciona de inmediato ante el incremento generalizado de los precios, lo que infla los ingresos nominales de la Unión casi mes a mes. En contraste, una parte significativa del gasto público y de los títulos de tasa fija emitidos en el pasado permanece congelada en valores nominales o se ajusta con meses de retraso.
Al analizar la dinámica de la deuda, los analistas de Touros e Ursos señalan que esta salida funciona únicamente como un paliativo a corto plazo. El efecto secundario inmediato es la destrucción de la confianza de los acreedores. Para continuar refinanciando sus emisiones, el Tesoro se ve obligado a pagar primas de riesgo cada vez más altas, lo que acorta el plazo medio de vencimiento de los papeles y acelera los gastos por intereses.
Este dilema se profundizó a medida que los pasivos del país alcanzaron niveles elevados. En informes recientes, el dato de que la deuda bruta llegó a casi el ochenta y tres por ciento del PIB explica por qué los inversores institucionales exigen cada vez más retornos para aceptar títulos soberanos a mediano plazo.
Los impuestos sobre productos y servicios acompañan el alza de precios casi sin interrupciones.
El mercado pasa a exigir tasas de interés mucho más altas para aceptar nuevos títulos públicos.
¿Cuáles son los riesgos de esta estrategia para la economía brasileña?
El peligro central que señala el debate es la desanclaje generalizado de las expectativas. Cuando los agentes económicos perciben que el banco central y la política económica toleran tasas de inflación que se ubican de forma persistente por fuera del techo de la meta, la indexación vuelve a contaminar los precios de los alquileres, los contratos de servicios y los salarios.
Para el inversor minorista, el costo de esta inercia es doble. En primer lugar, el Banco Central de Brasil se ve obligado a mantener la Selic, la tasa de interés de referencia del país, en los dos dígitos durante plazos más prolongados para intentar frenar la fuga de capitales y la devaluación cambiaria. En segundo lugar, el crecimiento económico se debilita, ya que el crédito corporativo se encarece de forma prohibitiva y las inversiones productivas se posponen ante la falta de previsibilidad en los costos.
El desafío de la credibilidad fiscal ya venía siendo seguido de cerca por los bancos de inversión internacionales. En informes publicados en octubre, como aquel en el que UBS definió tres pruebas fiscales para el gobierno, la capacidad de aprobar medidas de contención estructural del gasto sin recurrir a maniobras contables se plantea como la línea divisoria entre la estabilidad y una espiral inflacionaria.
¿Qué cambia para quienes tienen su dinero invertido?
La materialización de un escenario de alivio de la deuda por vía inflacionaria redefine por completo la relación entre riesgo y rendimiento de las aplicaciones financieras. Quienes concentran su patrimonio en títulos nominales de tasa fija sufren pérdidas reales inmediatas, mientras que los activos reales y los indexados ofrecen una mayor resiliencia.
La rentabilidad contratada pierde frente a la inflación acelerada; la valorización a precio de mercado deteriora el valor de las participaciones.
Garantizan la reposición de la inflación oficial más una tasa real, protegiendo el poder de compra del capital.
Sobreviven aquellas empresas con capacidad de trasladar precios a los consumidores; las compañías con un alto nivel de endeudamiento sufren por el costo de la deuda.
Las decisiones en torno a la meta de resultado primario reflejan cuán sensible es el tema para la cotización de los activos. Cuando el debate sobre la modificación de la meta fiscal para buscar el centro llega a los pasillos de Brasilia, la reacción automática de los mercados de futuros de tasas de interés es incorporar una mayor tasa de inflación implícita para los vencimientos de tres a diez años.
Si tienes papeles de tasa fija a largo plazo en tu cartera, el plan B de la deuda pública se convierte en el mayor enemigo de tu rentabilidad. Para defender tu patrimonio en caso de que el ajuste fiscal siga encontrando obstáculos políticos, prioriza la porción de renta fija atada a la inflación (títulos IPCA+ con vencimientos intermedios) y mantén una reserva de liquidez posfixada (Tesouro Selic y CDB con liquidez diaria) que capture las altas tasas de interés sin registrar caídas en su precio.
¿Qué se debe monitorear de ahora en adelante?
Para no ser tomado por sorpresa ante la erosión del poder adquisitivo, el inversor necesita vigilar dos termómetros principales que indican si el gobierno logra avanzar con el ajuste o si el plan B inercial gana terreno.
El primer termómetros es la tramitación de las medidas de revisión del gasto en el Congreso Nacional. Si las propuestas pierden sustancia o se reemplazan por aumentos marginales de ingresos inciertos, se encenderá una señal de alerta. El segundo termómetro es la inflación implícita medida a través del diferencial entre los bonos NTN-B y las LTNs en el Tesouro Direto: cuando esta brecha se amplía, el propio mercado ya está cobrando el costo del riesgo de licuación de la deuda.
Veredicto: el inversor no debe pagar la factura de la deuda
La advertencia lanzada por los analistas de Seu Dinheiro resume la historia económica brasileña: los gobiernos no necesitan declarar una moratoria para erosionar el capital de sus acreedores, les basta con tolerar una mayor inflación. Sin avances claros en el ajuste fiscal, la protección del patrimonio exige disciplina para mantener la cartera respaldada por activos indexados al IPCA y empresas generadoras de flujo de caja real, alejándose de apuestas ciegas en instrumentos de tasa fija a largo plazo.
