El Banco Central de Paraguay intervino el Ueno Bank en la madrugada del 3 de noviembre de 2026, después de que la Superintendencia de Bancos concluyera que el índice de solvencia se había derrumbado a menos de la mitad del mínimo legal. El resultado inmediato: 2,9 millones de clientes bloqueados, ocho ejecutivos detenidos, la rebaja de la calificación del banco por parte de Fitch de BB a D (default) y la renuncia del presidente de la república antes de ser sometido a juicio político por el congreso.
¿Qué pasó con el Ueno Bank?
El Ueno Bank, el mayor banco digital de Paraguay con US$ 4.200 millones en activos, fue intervenido por el Banco Central de Paraguay (BCP) en la madrugada del 3 de noviembre luego de que su solvencia cayera por debajo del 50% del mínimo exigido por ley, lo que bloqueó a casi el 40% de la población del país. El anuncio se publicó a las 3:24 en las redes sociales del banco central, una señal de que el deterioro se aceleró de forma repentina. En las horas siguientes se conoció la reconstrucción de un esquema contable que la Superintendencia había comenzado a investigar meses atrás.
El agujero: tres cifras para entender la insolvencia
Captaba casi el 9% de los depósitos del sistema financiero paraguayo, lo que lo hacía demasiado grande para cerrar sin generar una crisis.
El valor de la cartera morosa que el banco simuló haber vendido para sanear el balance en junio.
Más de un tercio de la población del país; incluye fondos públicos e inversiones de brasileños.
El tamaño del banco forma parte del problema. Cuando una entidad concentra casi el 9% de los depósitos de un país, cualquier intervención genera consecuencias políticas inmediatas, algo que el BCP sabía. Aun así, cuando las correcciones en los estados financieros demostraron que la solvencia había caído por debajo del piso legal, la intervención se volvió inevitable.
Cómo simuló el banco la venta de créditos incobrables para limpiar su balance
El 5 de junio, el BCP comunicó formalmente a Ueno que sus operaciones con empresas de su mismo grupo económico superaban el límite regulatorio. Diez días más tarde, la entidad llevó a cabo una operación para intentar sortear la advertencia, y fue precisamente esa maniobra la que la Superintendencia de Bancos reconstruyó y expuso basándose en documentación del diario paraguayo Hoy.
La reconstrucción evidencia que los US$ 76,06 millones transitaron por una cadena de empresas intermediarias —lo que incluyó un préstamo de US$ 35 millones a HD Invest E.A.S. y otro de US$ 20 millones a Satec— antes de llegar a Vinanzas. Dicha empresa forma parte del mismo Grupo Vázquez que controla Ueno. En los papeles, el banco saneó su balance. En la práctica, el riesgo continuó dentro del grupo empresarial, redistribuido únicamente entre firmas vinculadas.
Ueno había otorgado préstamos por US$ 146 millones en total a empresas del Grupo Vázquez, con lo cual rebasó los límites de crédito a partes relacionadas. La Superintendencia detectó asimismo que diversos gastos operativos se registraban como activos. Tomados en conjunto, estos ajustes bastaron para hundir la solvencia por debajo del umbral legal y precipitar la intervención. Un detalle llamativo: en la víspera del cierre, el banco lanzó una promoción de 50% de reembolso (cashback) para aquellos clientes que transfirieran nuevos fondos y mantuvieran el saldo hasta el 7 de noviembre, una captación de urgencia en los umbrales de una intervención que ya se gestaba.
Por qué el escándalo bancario tumbó al presidente de Paraguay
Santiago Peña llegó al poder en 2023 con un perfil tecnocrático: economista, exmiembro del FMI y promotor de la inversión extranjera. Su vínculo con Ueno se mantuvo a lo largo de su gestión, ya que Peña fue socio de la entidad hasta marzo de 2025 y, durante su mandato, el banco recibió depósitos cuantiosos de organismos públicos. El más abultado provino del IPS, el Instituto de Previsión Social que administra las pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos, por aproximadamente US$ 300 millones. En total, US$ 800 millones de fondos públicos se encontraban depositados en la entidad, transformando una crisis de crédito en una crisis institucional. El debate sobre la independencia y el rigor de los bancos centrales no se limita a Paraguay; en Brasil, esta cuestión cobró protagonismo esta semana tras las declaraciones de Dario Durigan sobre el Banco Central.
Al producirse la intervención del BCP, 35 diputados formalizaron la solicitud de juicio político contra Peña por «mal desempeño en sus funciones», al atribuirle conflicto de intereses, presunta malversación de fondos previsionales y protección institucional a la entidad durante los meses previos. A las 10:00 del jueves (5), la Cámara dio inicio al procedimiento. A las 13:30, Peña presentó su renuncia. La fiscalía abrió tres investigaciones penales. El titular del propio BCP había dimitido el mismo día de la intervención (3/11); Peña propuso al economista Raúl Vera Bogado —quien condujo el BCP entre 2001 y 2002, etapa en la que gestionó la intervención del Banco Alemán— como su sucesor, si bien su nombramiento requiere el aval del Senado. El proceso de juicio político prosigue a pesar de la dimisión voluntaria, dado que en el congreso prevaleció el criterio de que la investigación debe avanzar al margen de la salida del mandatario.
Qué pasará con el dinero de los clientes
El BCP habilitó la devolución de los fondos el 6 de noviembre, conforme a un orden de prioridad. La primera etapa atiende a los depositantes con saldos de hasta 10 millones de guaraníes (cerca de R$ 8.840), sin deudas vigentes con Ueno y con una cuenta activa en otro banco paraguayo. Para quienes cumplen estos requisitos, el reembolso ya está en marcha. Tal como ocurrió en la liquidación de MW Pay en Brasil en noviembre de 2026, disponer de una cuenta alternativa constituye un requisito indispensable para cobrar en primer lugar.
Protegidos por el fondo estatal con un plazo legal de 15 días; la fase 1 comenzó el 6/11 para saldos de hasta 10 millones de guaraníes con otra cuenta activa.
Sin plazos definidos; Fitch asigna a la deuda sénior un Recovery Rating RR6, lo que apunta a una perspectiva de recuperación desfavorable, supeditada a la liquidación de los activos.
El reembolso se efectuará en la moneda local paraguaya al tipo de cambio del BCP, sin garantía de preservar el valor en dólares al momento del retiro.
Un aspecto que continúa inquietando a los analistas es la situación de los fondos públicos: los US$ 800 millones depositados por instituciones del Estado —incluidos los recursos del IPS— no están contemplados en el mecanismo de garantía aplicable a los ahorristas particulares. Su recuperación queda sujeta a la liquidación ordenada de los activos del banco y a las resoluciones judiciales acerca de la prelación de acreedores, un trámite que puede prolongarse durante meses. Respecto a los ciudadanos brasileños con capital en Ueno, el BCP ratificó que la nacionalidad no excluye el derecho a la garantía. Quienes carezcan de cuenta en otra entidad paraguaya recibirán atención en una etapa posterior. Los economistas aconsejan conservar todos los extractos y comprobantes, así como seguir los canales oficiales del BCP. El Banco Central de Brasil, que en los últimos meses adoptó nuevas normativas para acotar el crédito sin garantía, carece de jurisdicción sobre el caso paraguayo, pero el suceso plantea interrogantes de interés para quienes diversifican su patrimonio allende las fronteras.
Comprobar el encuadre en la garantía: saldo de hasta 228 millones de guaraníes (~US$ 37.400), sin deudas con Ueno y con cuenta en otro banco paraguayo son los requisitos para la fase 1; consulte los canales oficiales del BCP para verificar la elegibilidad y el cronograma.
Resguardar toda la documentación de inmediato: extractos, comprobantes de transferencia e historial de saldos son obligatorios para el trámite de restitución; se aconseja descargarlos mientras el acceso digital al banco permanezca disponible.
Depósitos en dólares superiores al límite: el Recovery Rating RR6 de Fitch señala una expectativa de recuperación baja; los plazos dependen de la liquidación de activos y de procesos judiciales que podrían extenderse por varios meses.
Monitorear la estabilidad institucional: el proceso de juicio político contra Peña sigue su curso y la designación de Vera Bogado en el BCP aguarda la ratificación del Senado, una incertidumbre que podría repercutir en el ritmo de los reembolsos y en la gestión de la liquidación.