El gobierno necesita cerrar 2027 en terreno positivo. El ministro de Planificación, Bruno Moretti, afirmó este lunes (16) que recortar exenciones e incentivos tributarios es un elemento indispensable para cumplir la meta fiscal, y estima que esta revisión generará R$ 15 mil millones de recaudación adicional. El mercado reaccionó con un alivio inicial, pero volvió a exigir lo que el paquete no entregó.
¿Qué propone el gobierno para la meta de 2027?
El proyecto de ley PLP 299/2026, cuyo texto base fue aprobado en el Senado el 12 de noviembre, prevé un recorte lineal del 10% sobre los incentivos tributarios. Sumado a la reducción estipulada por la Ley Complementaria 224 (2025), el recorte acumulado alcanza el 20%, lo que generaría, según Moretti, R$ 15 mil millones de recaudación extra en 2027.
El ministro fue preciso sobre lo que queda excluido: el salario mínimo, la salud y la educación no sufrirán recortes. Los gastos obligatorios en estas áreas crecerán R$ 30 mil millones el próximo año. El objetivo de las quitas son los beneficios tributarios de carácter sectorial, aplicados de forma lineal, sin recaer sobre un solo segmento de la economía. El Senado reanudó la votación de las enmiendas este martes (17).
Superávit primario del 0,5% del PIB exigido por el marco fiscal (Arcabouço Fiscal)
Déficit proyectado por el Prisma Fiscal (oct/2026), antes del paquete
Estimación del gobierno para el conjunto de medidas del PLP 299/2026
Por qué R$ 15 mil millones son tan esenciales como insuficientes
Sin medidas adicionales, la IFI (Institución Fiscal Independiente del Senado) identificó una brecha de R$ 104,8 mil millones entre el resultado primario proyectado y la meta oficial. Todo el paquete busca cubrir entre R$ 45 mil millones y R$ 60 mil millones de ese desfasaje. Incluso en el límite más optimista, la cuenta no cierra: dista aún al menos R$ 45 mil millones del objetivo. El recorte de incentivos es indispensable precisamente porque, sin él, el paquete ni siquiera alcanzaría el umbral de los R$ 45 mil millones.
Los economistas consultados por Forbes Brasil en noviembre mostraron posturas divididas. El consenso general es que el paquete ayuda a cerrar el ejercicio de 2027 —especialmente si el crecimiento económico acompaña—, pero no resuelve la principal demanda del mercado: la estabilización de la deuda pública, ubicada hoy en el 82,9% del PIB y en constante expansión con cada punto de la tasa Selic. Para Vitor Kayo, economista sénior de Nomad, la reacción del mercado —alivio inicial seguido de cautela— refleja esta dualidad: la meta de 2027 resulta más factible con un esfuerzo real, pero la trayectoria de la deuda continúa siendo preocupante.
Este debate no es nuevo. Las tres pruebas que el UBS definió para que el gobierno calme al mercado, publicadas en octubre, planteaban exactamente este punto: demostrar un esfuerzo real por el lado de los ingresos y no solo mediante la contención del gasto. El recorte de incentivos responde a esa prueba; la trayectoria de la deuda, todavía no.
Qué se está recortando — y qué omite el texto
Brasil registró R$ 612,8 mil millones en gastos tributarios en 2026, según la Receita Federal (la agencia tributaria brasileña), lo que equivale al 4,4% del PIB. Si se aplicara un recorte lineal del 20% sobre todo ese universo, el impacto teórico superaría los R$ 120 mil millones. La diferencia entre ese máximo teórico y la cifra proyectada por Moretti revela el alcance real de la norma: la quita incide únicamente sobre la fracción de incentivos que contempla el texto del PLP, excluyendo beneficios constitucionales, contratos vigentes y regímenes amparados por la reforma tributaria.
Además del recorte lineal, el paquete limita el uso de créditos tributarios para compensaciones cuando se apliquen bloqueos de gasto público. CNN Brasil identificó esta medida como la de mayor impacto sectorial, afectando principalmente a distribuidoras de combustibles, frigoríficos y productoras de proteína animal, firmas de granos, el comercio minorista y los exportadores. El Ministerio de Planificación no publicó la lista detallada de los beneficios específicos que sufrirán recortes, una falta de transparencia que desató críticas de los senadores durante el trámite legislativo y que ya había sido motivo de empate y tensión cuando el gobierno negoció retirar al sector petrolero del cálculo de los pisos constitutivos de salud y educación.
El impacto en la renta fija y los FIIs
El canal de transmisión directo es la curva de rendimiento de los títulos públicos. Una señal clara de que el gobierno tiene una disposición real de ajuste reduce la prima de riesgo fiscal incorporada en las tasas de largo plazo —los vencimientos atados al IPCA (índice oficial de inflación de Brasil) de 2032 a 2045, que son los que más inciden sobre la cotización de los FIIs (fondos de inversión inmobiliaria brasileños) y las acciones. Parte de este alivio ya fue incorporado por el mercado en las últimas semanas tras el anuncio del paquete. Lo que moverá las cotizaciones de aquí en adelante ya no es el anuncio, sino el texto definitivo que apruebe el Senado y, posteriormente, el dato real de recaudación tributaria de enero de 2027.
En el caso de los FII de ladrillo (inmuebles físicos), menores tasas de interés de largo plazo reducen la tasa de descuento aplicable a los alquileres futuros y elevan el valor razonable de las cuotapartes. Para los FII de papel (créditos hipotecarios y títulos de deuda como CRI y LCI), una tasa Selic (la tasa de interés de referencia de Brasil) en el 13,75% asegura un rendimiento elevado en el corto plazo; la incógnita pasa por cuándo comenzará el ciclo de flexibilización monetaria. Un marco fiscal más sólido otorga al Banco Central mayor margen para recortar tasas antes, argumento que Geraldo Alckmin defendió explícitamente al vincular el ajuste fiscal con la baja de las tasas de interés.
Para las acciones, especialmente del consumo minorista y el sector agropecuario, la quita de incentivos representa una variable adicional de costos. Las empresas que hoy operan bajo regímenes especiales deberán recalcular su estructura tributaria si la iniciativa avanza conforme a lo propuesto. JPMorgan identificó los sectores más expuestos: el agronegocio, la industria petroquímica, los proyectos con incentivos regionales y las empresas de infraestructura; todos ellos con una carga tributaria efectiva potencialmente mayor en 2027.
Votación de las enmiendas del PLP 299 en el Senado (a partir del 17/11): si el texto final sufre modificaciones que moderen su alcance, el impacto estimado se reducirá. Conviene prestar atención a las exenciones que queden fuera de la redacción definitiva.
Primer informe de recaudación federal de 2027: el dato oficial de enero será el primer termómetro real del impacto del recorte de incentivos. Un desvío superior a R$ 5 mil millones respecto de la proyección mensual del Tesoro indicará que las cuentas no cierran según lo planificado.
Tasa de rendimiento de las NTN-B de largo plazo (vencimientos 2035+): el mercado ajustará estos rendimientos según el avance o retroceso de la norma. Tasas por encima del 7% anual reflejarán escepticismo sobre la trayectoria fiscal; por debajo del 6,5% indicarán que los inversores otorgan crédito real al ajuste.
Prisma Fiscal de diciembre de 2026: será la primera proyección de expectativas que incorporará el paquete aprobado. Si la mediana del déficit estimado para 2027 cae por debajo de los R$ 20 mil millones, el mercado considerará que el paquete es suficiente para cumplir la meta, dada la margen de tolerancia de 0,25 p.p. fijada por el marco fiscal.
El recorte de incentivos tributarios es un componente concreto de un ajuste real, y Moretti acierta al señalarlo como un elemento indispensable. El problema radica en presentarlo como la solución definitiva: la meta de superávit requiere recortar una distancia de más de R$ 117 mil millones respecto del punto de partida actual, mientras que el paquete integral cubre, a lo sumo, R$ 60 mil millones de dicha brecha. El inversor que opera en función del escenario fiscal debe dar seguimiento al texto final del PLP 299 y no al anuncio inicial: lo que el Congreso devuelva al Poder Ejecutivo será lo que determine —o no— la dinámica de las tasas de largo plazo en 2027.