Todavía no es un decreto, pero es el segundo intento en 14 meses. O Globo reveló el 28 de octubre que el equipo económico del gobierno estudia cobrar el IOF (Impuesto sobre Operaciones Financieras) sobre las LCA, LCI, CRI, CRA y obligaciones incentivadas, instrumentos que actualmente están exentos del Impuesto sobre la Renta para las personas físicas. El Ministerio de Hacienda no hizo comentarios: no hay una alícuota definida, ni base de cálculo, ni fecha de vigencia.
¿Qué está analizando Hacienda sobre las LCA y CRA?
La propuesta, según O Globo, es utilizar el IOF —y no el Impuesto sobre la Renta— para gravar estos títulos. La diferencia importa: las alícuotas del IOF se pueden modificar mediante un decreto presidencial, sin la aprobación del Congreso y sin la regla de anterioridad que impide el cobro en el mismo ejercicio fiscal. En la práctica, un decreto podría entrar en vigor en un plazo de hasta 90 días tras su publicación, en un mercado que acumula un stock combinado superior a R$ 1,5 billón. El argumento de Hacienda es que las exenciones representan cerca de R$ 33.000 millones anuales en ingresos que el gobierno deja de recaudar.
En exenciones sobre LCA, LCI, CRI, CRA y obligaciones, lo que el gobierno busca recuperar según el Demostrativo de Gastos Tributarios de la agencia tributaria federal de Brasil
Stock combinado de LCI, LCA, CRI y CRA, según datos de la B3 en 2026
La Cámara de Diputados tumbó en oct/2025 la medida provisional que preveía un Impuesto sobre la Renta del 5% sobre estos títulos
¿Por qué el IOF y no el Impuesto sobre la Renta?
En junio de 2025, el gobierno emitió la Medida Provisional 1.303, que contemplaba un Impuesto sobre la Renta del 5% sobre las nuevas emisiones de LCA, LCI, CRI, CRA y obligaciones incentivadas. Se estimaba una recaudación adicional de R$ 2.600 millones solo para 2026. El Congreso lo bloqueó: la Cámara retiró la iniciativa de la agenda en octubre de 2025 por 251 votos frente a 193, donde el bloque del agronegocio jugó un papel central en la derrota. La estrategia a través del IOF surgió precisamente porque se cerró esa vía legislativa.
El cambio de instrumento responde a una motivación estratégica. El IOF tiene un carácter regulatorio y el Ejecutivo puede modificar sus alícuotas por decreto dentro de los límites legales. Los especialistas en tributación advierten que utilizar el IOF como un instrumento esencialmente recaudatorio genera «inseguridad jurídica», aunque no existe una prohibición formal que impida la emisión del decreto. El mercado se mantiene a la expectativa: sin una alícuota ni fecha definidas, todavía no es posible dimensionar ni tarificar el riesgo.
¿Cuál es el tamaño del mercado en la mira?
Tan solo las LCI y LCA superan 1 billón de reales en stock —cada una con un saldo que ronda los R$ 540.000–563.000 millones según la B3 a junio de 2026—. Los CRI y CRA suman otros R$ 437.000 millones. Es precisamente este mercado el que aprovecha la exención del Impuesto sobre la Renta para captar al inversor minorista con un rendimiento bruto menor, pero con un retorno neto competitivo frente a la Selic, la tasa de interés de referencia de Brasil. Si se implementa el IOF, quienes adquieran estos títulos exigirán una tasa bruta más alta para conservar el mismo retorno neto, y el costo de esa diferencia recaerá sobre quien toma el crédito.
Las obligaciones incentivadas —utilizadas para financiar proyectos de infraestructura como carreteras, energía y saneamiento— también forman parte del mismo análisis. En estos casos, la exención existe para atraer capital privado hacia obras que el Estado no puede financiar por sí solo. La tributación elevaría el costo de captación de estos proyectos, algo que se suma a la presión que las altas tasas de interés ya ejercen sobre el crédito corporativo de largo plazo.
Qué cambia para el agronegocio y para los inversores en Fiagro
Las LCA y los CRA constituyen los principales canales de captación privada para el sector agropecuario. La lógica es directa: la exención del Impuesto sobre la Renta atrae al inversor particular que acepta una tasa bruta menor, el emisor paga menos de lo que abonaría por un certificado de depósito bancario (CDB) sujeto a gravamen, y ese menor costo se traduce en un crédito más accesible para los productores rurales. Con la aplicación del IOF, este mecanismo se encarece: el inversor exige una mayor compensación para mantener su retorno neto, y el tomador del crédito es quien absorbe la diferencia.
"Mi percepción es que el gobierno le está quitando recursos al agro con ambas manos. El gobierno presiona el costo del dinero mediante la política fiscal y, además, busca encarecer los mecanismos privados que contribuyen a financiar la producción".Octaciano Neto, fundador de Zera y exsecretario de Agricultura de Espírito Santo, en declaraciones a Money Times (28 oct 2026)
Para los Fiagros que invierten en CRA, el impacto sería indirecto pero real. Si el IOF reduce el atractivo de los CRA para el inversor minorista, la demanda por nuevas emisiones disminuirá, los emisores se verán obligados a ofrecer tasas brutas más altas y los márgenes de los fondos de renta fija que adquieren estos activos se verán presionados. Quienes ya posean CRA en su cartera con tasas antiguas no sufrirán modificaciones inmediatas, pero las nuevas emisiones del fondo resultarían más costosas. La vulnerabilidad de caja en los Fiagros que dependen de una reinserción constante de capital quedaría más expuesta en este escenario.
En 2025, el ministro Fernando Haddad defendió la tributación bajo el argumento de que "entre el 60% y el 70% de los beneficios se quedan en el camino" —en manos del tenedor del título o del sistema bancario— y no llegan al productor. El sector objeta esta postura: sin la exención, el productor accede a un crédito más costoso, aun cuando el beneficio previo no llegara íntegramente a sus manos. Quienes siguen de cerca la oferta de títulos exentos con tasas de IPCA+11% ya han visto al mercado internalizar parte de este riesgo en los últimos meses, reflejándose en una mayor escasez de emisiones y un incremento en las tasas.
¿Habrá decreto? Dos desenlaces posibles
El inversor exige una tasa bruta más alta para conservar el rendimiento neto; las LCA y CRA pierden competitividad frente al CDB gravado; el crédito para el agro y la infraestructura se encarece; los Fiagros de papel enfrentan presión en sus nuevas captaciones. Plazo mínimo: 90 días tras su publicación.
La resistencia política del bloque agropecuario y los cuestionamientos jurídicos sobre el uso del IOF como un impuesto con fines recaudatorios frenan el decreto; el mercado conserva su rentabilidad actual y la exención intacta.
El mercado carece de una alícuota y de una fecha para realizar sus cálculos de riesgo. El historial reciente pesa en ambas direcciones: el intento de 2025 fue bloqueado, lo que evidencia la existencia de resistencia política, pero el gobierno ha retomado la iniciativa en menos de un año, lo que demuestra que el incentivo fiscal de R$ 33.000 millones anuales es demasiado elevado como para ignorarlo.
Los títulos adquiridos previamente no experimentan cambios inmediatos, ya que las condiciones se pactaron en el momento de la emisión. La incógnita radica en si el alcance del gobierno afectará el stock existente al momento de los rescates futuros, un aspecto que aún no se ha definido. Para quienes evalúan comprar en este momento, el riesgo es de índole política: una LCA de largo plazo con exención podría perder dicho estatus al momento de la salida, en función de la redacción final del decreto. Los Fiagros de papel cuyas carteras de CRA deban renovarse en los próximos meses son los que requieren un mayor monitoreo de la evolución de este análisis.
Decreto en el Boletín Oficial — cualquier anuncio previo constituye una señal, no un hecho consumado; únicamente el decreto determina la alícuota y el alcance (si aplica al stock o exclusivamente a las nuevas emisiones)
Tasa de las nuevas emisiones de LCA y CRA — si el mercado empieza a elevar los rendimientos en las emisiones primarias para compensar un posible IOF, esto se reflejará en las plataformas de renta fija antes de la promulgación del decreto
Informes trimestrales de los Fiagros — los gestores con CRA en cartera que venzan en los próximos 6 meses mencionarán este riesgo; un silencio prolongado podría indicar que el decreto ha perdido impulso político
